Estamos viviendo momentos oscuros, en donde el asedio y criminalización hacia particulares, defensores de derechos humanos, periodistas, fiscales y jueces está siendo una constante. La captura de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, la directora financiera de dicho diario y la auxiliar fiscal Samari González hace unas semanas demuestra que hay personajes corruptos que tienen montada una gran cruzada para cobrar venganza contra quienes les han sido incómodos. Ya no les importan las formas y, sobre todo, están utilizando el derecho penal como su principal herramienta de revancha. Estamos presenciando el nacimiento de un régimen con pretensiones totalitarias, sin garantías y que violenta de forma sistemática los derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos, en diferentes informes, ha señalado que, en muchos regímenes, la utilización del derecho penal ha servido para perseguir y criminalizar a actores que tienen tensiones o conflictos de interés con funcionarios públicos y políticos. Los contextos en donde se utiliza el derecho penal, generalmente, son diversos.
Uno de los primeros grupos que son criminalizados, son los que participan en protestas sociales. El Estado los criminalizan bajo el argumento de que supuestamente perturban el orden público o atentan contra la seguridad del Estado. En el caso de Guatemala, hay claros ejemplos, como Nancy Sinto, quien está ligada a proceso por una pinta en el Congreso. Vale la pena recordar que durante una de las últimas grandes manifestaciones de 2020 fueron arrestados una docena de manifestantes.
Defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, fiscales, jueces y otros han sido víctimas de criminalización, tras interponer denuncias en contra de funcionarios públicos por presunta corrupción. Otros más han sido criminalizados por participar en la búsqueda del esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, cometidos en gran proporción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, durante el conflicto armado interno.
El caso de Juan Francisco Sandoval, Erika Aifán, Sony Figueroa, Anastasia Mejía y Virginia Laparra son ejemplos perfectos de que cuando se denuncian e investigan hechos de corrupción, los involucrados en estos casos utilizan todo su poder para vengarse. Y la mejor arma que encontraron es el derecho penal.
El Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, señaló que “una de las deficiencias más graves en la protección de los derechos humanos de los últimos años es la utilización de las leyes y de la administración de justicia para castigar y criminalizar las actividades de protesta social y las reivindicaciones legítimas de las organizaciones y movimientos de indígenas en defensa de sus derechos”. Esa deficiencia se concreta mediante la aplicación de leyes de emergencia, como las leyes contra el terrorismo; y el procesamiento de manifestantes por delitos comunes. Recordemos la iniciativa 6076, que actualmente se está conociendo en el Congreso, para criminalizar manifestaciones, otorgándole incluso mayor poder e impunidad a las fuerzas de seguridad pública, pues ello tiene como fin primordial acallar las voces disidentes.