Hace unos tres o cuatro años se realizó el Estudio de economía de captura en Guatemala: Desigualdad, excedentes y poder, hecho por el historiador austriaco Harald Waxenecker. Un estudio pionero de Paraíso Desigual y de Oxfam. Este estudio estimaba que entre sobornos y excedente de captura se generaron excedentes extraordinarios de más de 19.5 mil millones en Guatemala entre 2004 y 2017. Es decir, del presupuesto público se tomaron esos recursos monetarios a razón de 1.5 mil millones por año. De tal forma que para ir al meollo del asunto, me pregunto y les pregunto, apreciados lectores, dónde estaban los diversos contralores de Cuentas y su cuerpo de contadores públicos y auditores de la flamante Contraloría General de Cuentas, que no se dieron cuentas de que los bienes, los servicios y las obras contratadas en el Estado estaban sobrevaluados. Con este ejemplo, ilustramos bien el problema. ¿Qué pasó con el costo de construcción del Libramiento de Chimaltenango? Una obra onerosísima, que continúa cayéndose por pedazos, desde su entrega al Gobierno de Guatemala. Sin embargo, podríamos poner casos paradigmáticos como la carretera Palín, Escuintla, que fuera construida con recursos públicos, provenientes de un endeudamiento y que fuera entregada a una empresa mexicana para hacerla rentable. Han obtenido cifras millonarias y el Estado, dueño de la misma, migajas. En el estudio pionero mencionado, hecho por Harald Waxenecker, se expone que en los mercados público-privados, por medio de las adjudicaciones de compras y contrataciones de obras, bienes y servicios, se han generado excedentes extraordinarios de más de 19.5 mil millones en nuestro país entre 2004 y 2017. Este excedente extraordinario e indebido se distribuye así: para los funcionarios públicos, por medio de sobornos o llamados técnicamente incentivos comerciales monetarios, se estima que alcanzaron 9.3 mil millones de quetzales. Para los agentes privados se le denomina excedente de captura, se estima que se embolsaron 10.2 mil millones de quetzales. Es en este contexto que se explica cómo aparecen caletas con cifras millonarias, guardadas en maletas de viaje en una casa de Antigua Guatemala, como el caso del exministro José Luis Benito, y que un exgerente del Banco de los Trabajadores tenga embargados 33 millones de quetzales, como es el caso de Rónald García Navarijo, sujeto que denunciara al Ing. Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico. Estos casos suceden, pues los perpetradores tienen conciencia de que difícilmente serán detectados en sus actos de corrupción y que dado el manto de impunidad e injusticia prevalecientes en el país, gozarán de impunidad para el resto de sus días. Esta sangría de los gastos del Presupuesto del Estado debe parar. Simplemente están desangrando los recursos de la nación, cuyo pueblo se debate en la miseria y en la insuficiencia de recursos públicos para ser atendidos debidamente en los hospitales nacionales, en el ingente problema de la desnutrición de la niñez guatemalteca o bien en el sistema educativo nacional. No puede continuar este saqueo de los recursos públicos. Por ello, se necesita con urgencia que los postuladores de la comisión de postulación del Colegio de Contadores Públicos y Auditores sean profesionales competentes, íntegros, independientes y honrados para seleccionar a los mejores profesionales que se postulen para el cargo y que puedan ser seleccionados entre una lista de seis para Contralor General de Cuentas. Este último no puede ser otra marioneta más del Pacto de Corruptos, que está acabando no solo con el Estado democrático de derecho, sino con los recursos públicos por medio de la sobrevaloración de las obras públicas, compra de insumos y de bienes necesarios para el funcionamiento del Gobierno.