Frente a la muerte de nueve personas —tres menores de edad— y más de 20 heridos en un concierto realizado el 14 de septiembre en la ciudad de Quetzaltenango y que finalizó la madrugada del 15 de septiembre, causa indignación y vergüenza la postura del alcalde municipal, Juan Fernando López, y de su concejo, quienes ante la tragedia y la pérdida de vidas humanas se han desligado de toda responsabilidad, evidenciando así su incapacidad y su falta de comprensión ante una tragedia de estas dimensiones.
Este concierto de “independencia” organizado por Calavera Producciones se convirtió en una trampa mortal para los más de 10 mil asistentes, evidenciando varios problemas, primero, muestra cómo esta celebración ha venido decayendo dado que las empresas productoras y expendedoras de bebidas alcohólicas —que son un monopolio— se han apropiado literalmente de la misma, tapizando la ciudad con sus anuncios de manera irresponsable y abusiva, en donde muestran su imparable ambición de lucro a cualquier costo, dado que su participación gira alrededor de promover el consumo de todo el alcohol posible y de mantener embrutecida a la población. Ante esto surgen algunas preguntas: ¿Quién autoriza esta toma de los espacios públicos y privados para bombardear a la población a que celebre la supuesta “independencia” consumiendo desmedidamente sus productos sin importar los daños humanos y materiales que puedan causar? ¿Dónde están los Cocodes, los Comudes, los alcaldes y los concejos municipales de la ciudad de Quetzaltenango y de sus municipios cercanos que permiten esta saturación irresponsable de publicidad?
Segundo, evidencia la ausencia de las fuerzas de seguridad en estos eventos, patrocinados por las mismas empresas monopólicas de la producción y venta de bebidas alcohólicas, que afuera de los mismos eventos se dedican a vender masivamente sus productos sin ninguna ética ni responsabilidad social y sin importar que muchos sean menores de edad. Mientras la población se alcoholiza en estos eventos, la policía se dedica a poner retenes policiales y ahora hasta militares en casi cada kilómetro de las carreteras aledañas o esquinas de la ciudad, para detener a cuanto vehículo o persona puedan para extorsionarla por cualquier razón. Cansada y harta está la población de estos retenes que aumentan durante estas celebraciones pues saben que es cuando más dinero pueden sacarles a las personas. A eso se dedica ahora la policía a lo largo y ancho del país, a vivir de la extorsión, olvidando el cumplimiento de su mandato, por eso, el director de la Policía Nacional Civil y el Ministro de Gobernación son responsables y cómplices del incumplimiento de deberes, pero también de las acciones delincuenciales de los agentes, quienes a cualquier hora del día y de la noche están cometiendo delitos, los cuales aumentan durante festividades locales.
Tercero, la empresa Calavera Producciones evidencia el incumplimiento de la ley, por múltiples acciones que comete impunemente, aquí solo mencionaré dos, la primera, ¿cómo permite que menores de edad ingresen a estos conciertos masivos y multitudinarios? ¿Dónde está su ética de trabajo? ¿Dónde están sus protocolos de seguridad y las acciones que deben de tomar para evitar la pérdida de vidas humanas? Y segundo, ¿dónde está la coordinación para prestar servicios médicos ante emergencias, que deben de ser cubiertos por la misma empresa? En este evento —según los sobrevivientes— no había ni policías, menos bomberos o miembros de la Cruz Roja. Todo fue dejado a la suerte.
Cuarto, cada mes de septiembre, con excepción de los años de la pandemia de la COVID-19, las autoridades de Quetzaltenango no han hecho sino permitir, gracias a la corrupción en la que participan y les permite enriquecerse, la autorización de conciertos a diestra y siniestra, violando así el derecho humano a la tranquilidad que tienen los vecinos que viven en los alrededores de esos lugares, pero además, esta la violación los derechos de los animales, dado que la mayoría de estos eventos se realizan en frente al paupérrimo zoológico de la ciudad que, tiene en cautiverio a cientos de animales que se ven afectados por el aterrador sonido que durante horas les altera su sistema. Especialistas en el tema han escrito sobre esta violencia sin que a las autoridades municipales o nacionales les importe.
Quinto, el sistema de justicia es inoperante ante tragedias como estas, el ya de por sí lento, caro, corrupto y decadente modelo de justicia nacional ignora estos crímenes, los asume como “accidentes” y con una profunda lentitud. No investiga y permite que empresas como Calavera Producciones cambien de nombre, como cambiarse de ropa y sigan operando con impunidad o evita que paguen por sus crímenes, dejando a las familias solas, quienes terminan cargando con la pérdida de sus seres amados y con un largo trauma que muchas veces no es atendido. Lograr justicia en Guatemala, cuando los crímenes son cometidos por quienes tienen el control económico y político es un sueño, y las pocas veces, que se logra es a costa de invertir décadas y dejar en la pobreza a los sobrevivientes mientras empodera a los perpetradores.
Sexto, la celebración de la supuesta “independencia” debe ser sometida a control de la propia población si es que se desea seguir celebrando. Sí los vecinos de la ciudad no se involucran, la decadencia y la prostitución en que han terminado estos eventos masivos no solo no parará sino empeorará generado cada vez más violencia, luto y pérdida de vidas humanas.
Y séptimo, la población de Quetzaltenango tiene el derecho a auditar y a someter a un juicio público a sus autoridades, ¿cómo es posible que su alcalde valore más la continuidad de una festividad por sobre las vidas perdidas y el dolor de las y los sobrevivientes? ¿Es acaso ese el tipo de autoridades que merece la segunda ciudad de Quetzaltenango? ¿Por qué se permite y se acepta que el alcalde y su concejo se desliguen de su responsabilidad como cabeza de la administración y del ordenamiento municipal?, ¿por qué la municipalidad permitió que los conciertos privados continuaran a pesar de esta desgracia humana?, ¿cómo a una autoridad se le acepta que no declare luto frente a los cuerpos de nueve personas, frente al dolor de los deudos, frente a la población que con asombro presencia y carga con estas desgracias sociales? ¿Acaso es más valiosa la ganancia que la vida humana?, ¿dónde queda el rol del gobernador departamental, que brilla por su incapacidad y su ausencia?
Un verdadero líder, en cualquier lugar del mundo, actúa con un mínimo de sentido común frente a semejante tragedia humana y no con pobreza técnica que solo evidencia incapacidad para estar al frente de un cargo en donde la principal responsabilidad es garantizar la vida de los habitantes. En efecto, solo cuando las autoridades son profundamente incapaces, cuando carecen de sentido humano y cuando desconocen sobre el bien común y la justicia social es cuando actúan como promotores de negocios dañinos para la misma población a la que tienen la responsabilidad de cuidar.
Solidaridad con las familias de las y los fallecidos. Ojalá estas nueve muertes y los más de 20 heridos no sean en vano y sirvan para redefinir en todo el país lo que es “libertad”, “independencia” y “celebración”.