Si no reconocemos los errores de política económica cometidos, no podremos corregir el rumbo. Seguiremos con nuestro crecimiento económico mediocre y desigual, acompañado de corrupción, millones de migrantes y expansión de la economía del crimen. Estos errores se deben en buena parte a la implementación del llamado Consenso de Washington, rechazado en América Latina hace años, pero que se resiste a morir en Guatemala. Es un conjunto de recetas económicas de libre mercado y de debilitamiento del Estado promovidas durante el auge inicial de la ideología neoliberal, hace casi medio siglo.
En Guatemala se adoptaron estas recetas. Su recomendación de estabilizar las economías era correcta, pero solo eso. Era necesario corregir los desequilibrios macroeconómicos existentes a principios de la década de 1990. Significó reducir la brecha entre ingresos y gastos del Estado, controlar posibles excesos de liquidez, ajustar el tipo de cambio y dejar de fijar los precios de más de una centena de productos.
Lo más cuestionable son los otros ingredientes del mal llamado Consenso. Con la intención de favorecer la inversión privada, crearon condiciones para que el Estado se debilitara, pervirtiera y corrompiera, sin asegurar un crecimiento alto e incluyente. Permitieron una invasión de importaciones que destruyó parte de la base productiva del país, promovieron una liberalización financiera no regulada que resultó en la multiplicación y luego quiebra de numerosos bancos, y abrieron espacios para que poderosos consorcios familiares invirtieran sin riesgos mediante las privatizaciones de las telecomunicaciones y de la electricidad. Amarraron la política monetaria prohibiéndole al Banco de Guatemala prestarle al gobierno, obligándolo a depender del crédito otorgado por bancos dominados por estos consorcios, y toleraron la inclusión de candados tributarios en la Constitución, que resultaron en un Estado desfinanciado.
Se firmaron Acuerdos de Paz sin cumplirse y destrozaron al sector público agrícola: eliminaron la extensión agrícola para pequeños agricultores y castraron el desarrollo tecnológico agropecuario negándole fondos. Intentaron, afortunadamente sin éxito, privatizar la seguridad social, siguiendo el ejemplo de Chile, cuyo sistema privatizado fue una de las causas del estallido social de 2019.
Difundieron la idea de que el servicio público era despreciable y que los verdaderos héroes del desarrollo eran los emprendedores privados. “Emprendedores” efectivamente encadenaron al Estado para beneficiar sus actividades privadas, y dieron lugar a un Estado débil y carcomido por la corrupción. La corrupción no es un fenómeno independiente que surgió de manera espontánea; resultó de una estrategia de desarrollo equivocada y fracasada. Despreció al Estado, lo debilitó y creó las condiciones para que fuera objeto de rapiña, y le impidió favorecer un crecimiento económico alto e incluyente. Hay que corregir el rumbo.
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