Ante el fracaso y la destrucción planificada que imparablemente ejecuta el actual gobierno de Alejandro Giammattei al sistema democrático, han emergido diferentes expresiones desde la sociedad civil, tanto en los espacios urbanos como rurales, que desde diversas maneras buscan frenar la avalancha de destrucción de instituciones y la imposición a través de múltiples violencias de un régimen que se torna cada vez más autoritario, con sus propias características, pero cuyos objetivos son controlar los asuntos públicos; seguirse enriqueciendo con el manejo del presupuesto general de la nación que se construye con los impuestos de todos los guatemaltecos; acallar a toda voz que emerja poniéndola en la cárcel, enviándola al cementerio o al exilio e imponer un único sistema político que les garantice a las élites y a sus operadores, por un lado, la continuidad del poder absoluto y por el otro, que les conceda legalmente la impunidad que requieren para legalizar todas sus acciones ilegales.
Una de estas expresiones se hizo pública esta semana denominada Convergencia Nacional de Resistencia, que aglutina a múltiples fuerzas sociales, en su mayoría urbanas de la capital y de otras ciudades del interior, y que está llenando un vacío que han dejado actores y actoras que han sido el blanco de ataques y que ahora, producto de la persecución que los tribunales y los jueces a favor del actual régimen han legalizado, sometiéndolos y llevándolos tras las rejas, esperando juicio u obligándolos a vivir fuera del país.
Frente a esto, el análisis de estado de situación de país que presentó Convergencia es contundente, es una fotografía general de las condiciones sociales, pero sobre todo de decadencia que están llevando a Guatemala a convertirse en una dictadura más en la región centroamericana.
Y son claros al expresar que “el régimen democrático que se pretendía construir ha fracasado, por eso, ahora se vive muy próximo a una dictadura de hecho”. Planteando que “entre un régimen autoritario y una dictadura, el margen de distancia es mínimo”; pero, además, identificando que en Guatemala “ahora manda el crimen organizado junto a las redes de corrupción”.
Por eso, plantean que hay que actuar dentro del margen de los derechos que la Constitución de la República garantiza, como lo son la aspiración para vivir en libertad, promover y alcanzar el bien común para todos los pueblos y personas sin distinción.
Sin duda, esta es una de las expresiones que ha sido recibida con profunda esperanza porque actúan “desde la conciencia ciudadana y por la fe” con la que se identifican amplios sectores del país y por la urgencia que reclama el momento histórico de levantar la voz y actuar frente a los atropellos que el propio Estado está ejerciendo en contra de los ciudadanos a los que tiene la responsabilidad de garantizarles los derechos que ahora les niega.
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