El país literalmente se cae a pedazos. En pleno siglo XXI, y después de haber adoptado políticas económicas neoliberales, que en los 80 parecían ser la panacea del desarrollo, Guatemala presenta una serie de deficiencias que deben ser explicadas y corregidas desde su raíz.
La explicación gravita alrededor de la estructura sobre la que se diseñaron las políticas de liberalización económica y de retorno a la democracia.
Una sociedad profundamente fragmentada, saliendo aún de un conflicto armado resultante de causas estructurales que mantienen a las personas en pobreza, como la desigualdad, la exclusión, el racismo, la concentración de recursos y de poder en pocas manos y la corrupción, no han permitido que los beneficios del crecimiento económico superen a los costos asociados a las políticas liberales.
Mientras la mayoría de la población vive en pobreza (independientemente del tipo de medición que se use) y dentro de ciertos grupos sociales identificables la desnutrición, el analfabetismo, la baja atención en salud y la precaria calidad de vida y acceso a libertades y derechos es la norma, una parte de la población se beneficia desproporcionadamente de las riquezas del país. La pobreza de muchos se explica por la concentración de recursos en pocos, que limitan el acceso a libertades individuales de todos.
Pero más aún, esa concentración de recursos permite que las instancias de poder se vean influenciadas por esa élite. Aunado a ello, la débil institucionalidad, el desmantelamiento de lo público y la virtual incapacidad de las mayorías para alcanzar sus necesidades básicas han permitido que el Estado sea cooptado por grupos de poder que legal o ilegalmente han acaparado riqueza en el país.
En ese contexto, es preocupante el informe de Latinbarómetro, de Lapop 2021, que indica que GUATEMALA es de los países en Latinoamérica que muestran más respuestas favorables hacia la disposición a renunciar a la libertad de expresión con tal de satisfacer sus necesidades básicas (1/3 de la población). El mismo informe refleja que 51 por ciento de las personas en Guatemala toleraría un golpe de Estado cuando hay mucha corrupción, solo superado por Perú. Solo el 38 por ciento de la población muestra estar satisfecha con la democracia (Lapop, 2021). Por otro lado, el 55 por ciento de las personas en Guatemala responde que están dispuestas a “sacrificar las elecciones a cambio de recibir garantías materiales”, definidas como un ingreso y servicios mínimos que permitan acceder a satisfactores de necesidades básicas (Lapop, 2022). El informe de 2021 concluye que en toda Latinoamérica los niveles de apoyo a la democracia y satisfacción con la misma siguen siendo más bajos que hace una década.
Esto sugiere que la ruta de país, tal y como va, pone en evidencia la fragilidad de la democracia y tendencia a favorecer más al autoritarismo, al populismo y a erosionar aún más las pocas instituciones y libertades que aún existen en el país. La democracia es vulnerable, ergo, la libertad.
Corregir ese rumbo implica un esfuerzo conjunto y eso necesariamente requiere de la unidad de actores sociales y políticos e individuos con diferentes cuotas de poder. Personas y grupos que comprenden racionalmente la seriedad de ese escenario a futuro.
En las redes sociales se lee la coincidencia de voces en la necesidad de la unidad de la ciudadanía. Es tal vez la única alternativa para cambiar el rumbo del país. Individualmente, las salidas son la emigración, la frustración o la lucha desigual contra un régimen que arrasa y se nutre de la pobreza, la dispersión, la división y la falta de convergencia social. Es decir, se nutre de la polarización y la división y por ello le teme a la unidad.
La propuesta desde esta tribuna es apelar a la necesaria unidad. Es crucial, es urgente y es fundamental.
Sin reparar en detalles, la estrategia debe ir hacia el establecimiento de una agenda programática de 5 puntos estructurales de convergencia, independientemente del espectro ideológico de las agrupaciones sociales y políticas que se aglutinen en ella: Los puntos de convergencia son:
- El rescate de las instituciones democráticas y republicanas (separación de poderes y rescatarlas de su cooptación por parte del régimen criminal).
- Sembrar confianza en el Estado y sus instituciones consecuentemente.
- Detonar esperanza y unidad en la ciudadanía, construyendo puentes, espacios de búsqueda de acuerdos y construcción de consensos hacia la construcción del país que hoy está abandonado y cayéndose en pedazos.
- Construir una agenda de desarrollo para el 2050 y 2070.
- Eventualmente, convocar a una asamblea plurinacional constituyente que refunde al Estado a la luz de esa agenda de país.
- Democratizar la economía, a través de la provisión de insumos mínimos a toda la población para encontrar rutas de desarrollo individual y colectivo. Esto implica erradicar las condiciones de subsistencia para que se deje de aceptar el populismo, el autoritarismo y la renuncia de libertades individuales a cambio de comida y satisfactores de las necesidades más básicas.
Lograr esta convergencia es posible, pero no depende de una persona. Es un trabajo de equipo en donde los egos y la arrogancia individual deben superarse, pues el propósito es más grande que cualquier agenda personal. Trabajar en ese espacio de convergencia sin miedos y con un objetivo claro permitirá derribar las barreras que hoy impiden esa urgente y fundamental unidad de ideas, de recursos y de acción, que en las elecciones del 2023 es crucial.
Una persona no rescatará al país. Es necesario un proyecto, claridad y sobre todo unidad. El régimen prevalente lo tiene claro. La oposición es la que debe renunciar a egos personales y comprender que esa es la única salida a los problemas que mantienen al país sumido en una debacle.
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