Si bien es cierto que en Guatemala el descontento social está disperso, también es verdad que la indignación crece, se expresa en áreas rurales y urbanas, con acciones locales o nacionales, adquiere manifestaciones diversas (mítines, marchas, encuentros, asambleas, campañas de comunicación). Lo que cabe resaltar es que se va gestando un rechazo hacia este sistema (capitalista/neoliberal —patriarcal— colonialista/racista), ya no es el enojo contra un presidente o diputados ladrones. En tanto, se hace evidente que la alianza criminal de políticos corruptos, crimen organizado y grandes empresarios es resultado del mismo sistema que ha jerarquizado a las personas para controlarlas y así garantizar la acumulación de capital en pocas manos, ya sea robando, extorsionando, despojando, violando leyes laborales, criminalizando a quien califique como persona opositor.
Así las cosas, frente a la cooptación de las instituciones del Estado en Guatemala, es importante sumarse a la exigencia de libertad y garantías de seguridad a su integridad física para quienes hoy son perseguidos judicialmente de manera arbitraria, entre ellos, el juez Miguel Ángel Gálvez y las fiscales Virginia Laparra, Leily Santizo, Siomara Sosa; el periodista Rubén Zamora, entre otros. También es necesario reiterar que desde los altos puestos de los organismos del Estado se sigue violentando el ordenamiento legal vigente y utilizando como comparsas a portavoces inescrupulosos (exmilitares, abogados, diputados, predicadores evangélicos, netcenteros), quienes son los verdaderos apologistas del delito y se reconocen por sus actitudes machistas.
Cabe entonces resaltar, como parte de las muestras de indignación, las que se expresan en Guatemala todos los días en las columnas de opinión de los principales diarios independientes, las cuales comentan la pésima situación del país, donde existe mayor empobrecimiento de las mayorías, un gobierno de corruptos a nivel central y municipal, un sistema de justicia envilecido que persigue a defensores de derechos y acepta a magistrados usurpadores, una fuerte influencia religiosa fundamentalista que atenta contra derechos reconocidos (principalmente de las mujeres).
Columnistas con ideologías diferentes dan pormenores de las pésimas calificaciones asignadas a Guatemala, en cuanto a niveles de pobreza, por hechos de corrupción y/o falta de transparencia en el uso de bienes públicos, en casos de violación a la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos. Están ausentes las felicitaciones o muestras de respaldo hacia los titulares de los organismos del Estado. Lo que se hizo evidente esta semana fue el beneplácito de grandes capitalistas, uno de sus voceros destacó la excelente calificación en materia de libertad económica que “se mide en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad de la moneda, libertad para el comercio internacional y regulación crediticia, laboral y de negocios”. Eso significa que las reglas del sistema satisfacen al empresariado, tanto en el funcionamiento del aparato gubernamental, en la aplicación de leyes que protegen la gran propiedad y las prerrogativas patronales, junto con el libre mercado para grandes empresarios.
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