El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, ha sido durante la última época de la historia viva de Guatemala uno de los actores claves a nivel nacional, quien cumpliendo el mandato que le ha sido asignado de acuerdo con su alta investidura, ha contribuido a reescribir la historia nacional usando el mismo sistema de justicia, dotándolo de credibilidad y dando así esperanza a sobrevivientes de crímenes contra la humanidad, víctimas de diversos delitos y sobre todo, al cumplir con sus funciones le ha ido otorgado dignidad a un país que vivía en medio de una espiral que socavaba a su misma democracia.
Sin embargo, en un país-finca como Guatemala, nada dura para siempre, por eso, cumplir con sus funciones ha implicado para el juez Gálvez enfrentar a nivel nacional todos los ataques inimaginables, amenazas, persecución, hostigamiento y terrorismo emocional, físico, laboral y económico a través de un costoso y minucioso plan que ha estado siendo ejecutado desde las raíces de la propia oligarquía y del terrorífico Pacto de Corruptos, quienes usando el agonizante estado de derecho —la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, juzgados y otras instancia, así como la complicidad de funcionarios— buscan empujar su destierro o legalizar su encarcelamiento para así evitar que él siga cumpliendo con su mandato, que es el de impartir justicia bajo el principio universal de que nadie es superior a la ley.
Todas estas arbitrariedades y delitos se ejecutan a pesar de que el juez Gálvez posee medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, la impunidad y la falta de ética con la que ahora actúan los magistrados, jueces y los funcionarios que han sido comprados por las redes legales e ilegales, desde la misma institucionalidad del sistema de justicia, muestran la debacle en la que se vive a partir del gobierno de Jimmy Morales y que Alejandro Giammattei ha intensificado. Así el destino de los funcionarios honestos de Guatemala es ahora el silencio, la cárcel o el exilio.
Ante las públicas ilegalidades a las que está siendo sometido el juez Gálvez, las voces no dejan de alzarse desde los cuatro puntos cardinales, dentro y fuera del país, desde las mujeres, desde los pueblos diversos e indígenas, desde las instituciones coherentes, pero pareciera que por el momento las pequeñas, pero bien articuladas fuerzas oscurantistas han ido avanzando en su toma del Estado. Esto como consecuencia de que la mayoría de la población guatemalteca vive atomizada, sumergida en responder a patrones superfluos de vida, gracias a una decadente formación pública y privada, al permanente aniquilamiento de liderazgos orgánicos y a la creación de un clima de terror que es esparcido desde sus propias fundaciones que busca mandar a la hoguera a quienes no están dispuestos a doblegarse.
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