Las elecciones no son solo el acto de depositar la boleta en una urna. Es un proceso de etapas consecutivas marcadas en un calendario electoral y de cuyo desempeño depende la integridad o vicio del proceso electoral en su conjunto.
En Guatemala las vísperas electorales nunca antes habían estado sometidas a un estrés tan recio como el que se presenta en la actualidad.
Examinemos por qué. Primero, las autoridades electorales gozan de muy poca credibilidad al ser percibidas carentes de independencia e imparcialidad. Sus decisiones han sido erráticas y controvertidas, sobre todo en relación con el tratamiento que dan a los asuntos disciplinarios relacionados con los partidos políticos. Aplican sanciones ejemplares a unos pero no a otros por las mismas infracciones. En general hay una percepción muy generalizada de que están sometidos a la influencia del gobierno de turno. Pero más grave aún es el sometimiento de otras instancias que también gestionan asuntos electorales como la Contraloría de Cuentas, el MP y las cortes.
La administración de los recursos que tiene el TSE asignado a su cargo también ha sido objeto de cuestionamiento, siendo un caso destacado el intento de compra de un sistema informático millonario plagado de dudas y vicios en el proceso de adquisición. A diferencia de otras administraciones electorales, a las actuales no se les ha regateado su presupuesto y el problema es más de opacidad y rendición de cuentas.
Un tercer elemento es la rotación y cambios en los puestos y direcciones técnicas de unidades y departamentos claves para el desarrollo del proceso. No son pocos los casos donde se ha señalado que la contratación de muchos de esos puestos ha sido por amiguismo y nepotismo sin respetar los perfiles requeridos para tan delicadas posiciones. Esto conlleva altos riesgos de fallas en los sistemas de sanciones, adquisiciones, logística e informática que son cruciales para revestir de legitimidad el proceso.
Tomando en consideración los elementos anteriores, el pronóstico es bastante nebuloso y amenaza incluso con formar una tormenta perfecta. El país ya es percibido como un régimen híbrido con tendencia al autoritarismo con alto riesgo de perder su sistema democrático producto de la concentración de poder de alianza gobernante, mismo que utiliza para expandir la corrupción y garantizar impunidad a sus operadores.
Si las autoridades electorales terminan de subirse a bordo del proyecto oficialista, abandonando sus obligaciones constitucionales, la democracia como sistema político está a punto de chocar con el iceberg instalado para hacer sucumbir la democracia en nuestro país.
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