Celac: Aspiraciones versus realidades

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se constituyó en diciembre de 2011, en Caracas, Venezuela, como un organismo regional alternativo a la Organización de Estados Americanos (OEA), integrado por los países latinoamericanos y caribeños, que excluye a Canadá y los EE.UU., cuyo objetivo es promover la integración y desarrollo de los países miembros. Con motivo de la fundación de la CELAC, el ex-Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que la misma debía ser un escudo protector contra la injerencia de las grandes potencias y convertirse en un cortafuego contra la “locura imperial”. Asimismo, Chávez dijo que la OEA llegaría a ser reemplazada y la calificó de organismo obsoleto para promover el desarrollo económico y combatir los problemas sociales en América Latina.

La Declaración de Buenos Aires, de 111 puntos, emitida el 24 de enero de 2023, con la que concluyó la VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la CELAC, en relación a los derechos humanos (DD.HH.), la democracia y el Estado de Derecho, expresa: “Remarcamos nuestro compromiso con la democracia, la promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos (…) y reiteramos (…) nuestro más firme compromiso con la preservación de los valores democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y del Estado de Derecho en la región; el acceso a las funciones públicas y su ejercicio; y el respeto a las facultades constitucionales de los distintos poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos; la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad, la lucha contra la corrupción, así como el respeto a todos los derechos civiles y políticos reconocidos en los instrumentos internacionales aplicables”.

Sin duda, el compromiso de la CELAC en torno a la “promoción, protección y respeto de los derechos humanos”, contrasta con las denuncias de sistemáticas violaciones de DD.HH. en contra de los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, cuyos gobiernos, irónicamente, suscribieron la Declaración de Buenos Aires. De hecho, las decisiones y fallos adoptados por la Comisión Interamericana de DD.HH. y la Corte Interamericana de DD.HH. sobre violaciones de derechos humanos en esos países, que son las principales instituciones del Sistema Interamericano de DD.HH. (SIDH) de la OEA, fueron las razones por las cuales los gobiernos de Venezuela (2017) y Nicaragua (2021) denunciaron la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre DD.HH., en tanto que el régimen de Bolivia ha amenazado con seguir el mismo camino.

Por otro lado, el compromiso de la CELAC sobre “la preservación de los valores democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y del Estado de Derecho”, contrasta con la conculcación de los derechos y libertades civiles y políticas, la concentración de poder y el abuso de autoridad, en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

En todo caso, cabe advertir que la CELAC es un espacio intergubernamental que no cuenta con mecanismos de protección y defensa de los DD.HH., como el SIDH, ni con un instrumento como la Carta Democrática Interamericana, que garantiza el “ejercicio efectivo de la democracia representativa”; y que, además, establece “un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”.

A guisa de colofón, sostengo que los gobiernos latinoamericanos, ante las amenazas que se ciernen sobre la vigencia de la democracia institucional y de la protección y defensa de los DD.HH., deben promover la cooperación inteligente y la armonía en la diferencia, en vez de recurrir a la confrontación ideológica y la retórica intransigente.