Plagados de figuras mafiosas el sistema político presentará sus ofertas electorales a los guatemaltecos.
Todo lo que les rodea es sujeto a extorsión. Las víctimas son propietarios de negocios pequeños, informales o formales, hasta grandes empresas de cualquier perfil. Para el delincuente, la economía es su hábitat que le motiva a continuar con las extorsiones que han crecido en Guatemala de manera vertiginosa.
Recientemente un comité de vecinos de un residencial se vio obligado a escapar de sus viviendas porque un grupo de pandilleros alquiló varias viviendas y encontró la oportunidad para tener acceso al chat de los vecinos, de los negocios, de la organización comunitaria; exigió una extorsión por Q50 mil a cambio de no generar acciones violentas. Ante la negativa de su demanda delictiva desconocidos dispararon en contra de la garita de seguridad y asesinaron a uno de los guardias.
Posteriormente, gracias a las acciones e investigaciones de la unidad antipandillas de la Policía Nacional Civil (PNC) se capturó a una estructura de la mara 18 responsable de los atentados.
El caso tuvo una atención urgente e inmediata dada la gravedad de la situación pues peligraba toda una comunidad de por lo menos dos mil familias cuyos hijos iniciaron sus actividades escolares en medio del terror y la zozobra.
En dónde está el dilema para la sociedad guatemalteca. En primer lugar, las extorsiones han crecido porque dese la pandemia se han perdido miles de empleos y las personas han pasado de la formalidad a la informalidad y ello ha provocado una ola de negocios de toda índole.
Luego, existe a todas luces un debilitamiento institucional en la Policía y sus investigadores provocado por el equipo de exmandatario Jimmy Morales que redujo, incluso a cero, el presupuesto de una reforma policial y también mermó los presupuestos de investigación y de prevención del delito. A ello, hay que sumar que, durante su gestión, el número de investigadores que se graduaron fue insuficiente.
Si bien la Policía ha mejorado en sus capacidades de investigación criminal, a la fecha la Subdirección de Investigación Criminal no pasa de seis agentes que contrastan con los más de 150 mil casos de denuncias penales que conoce el Ministerio Público año con año. Y la Escuela de Especialidades de la Subdirección General de Escuela y Doctrina de la PNC se han profesionalizado a más de 4,200 agentes.
Es importante reconocer el trabajo que se ha hecho desde el alto mando de la PNC respaldado por las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) que han acertado golpes importantes a pandilleros extorsionistas y otras estructuras de imitadores que se dedican a este flagelo.
Si el Mingob y la Policía tuvieran más presupuesto y recursos para promover más agentes de investigación, metodología especial, técnicas de investigación e inteligencia policial, otra historia sería en Guatemala.
Sin embargo, la situación no es así. Y justamente no es así porque desde el Congreso de la República no se modificó el presupuesto para el rubro de investigación criminal, a pesar de la situación que vive en Guatemala.
Lo he repetido en distintos espacios de debate. Tanto el Ministro de Gobernación como las autoridades del Ministerio Público (MP) deberían de iniciar una campaña de demanda por más recursos al Congreso de la República.
A pesar de ello, los agentes de investigación de la Policía y los fiscales del MP libran su batalla todos los días por desmantelar estructuras de extorsionistas. Mi reconocimiento a ellos.
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