Los altos niveles de consumo, la posesión de armas y el poder de la impunidad no le garantizan a nadie la seguridad ni la vida en este país. Aunque se encierren en su colonia de lujo y sólo salgan en helicóptero, la pudrición se va derramando y llega un día que afecta a alguien cercano o directamente. La corrupción, recordemos, no puede sostenerse sin la violencia.
No es exagerar decir que si el Estado ya no funciona ni para las élites, entonces más que estorbar, obstaculiza. Tratar de hacer un trámite sencillo, resolver problemas comunes o simplemente vivir aquí pueden volverse pesadillas cuando los funcionarios no cumplen con sus tareas y, bien al contrario, andan viendo si sacan alguna tajada de sus oficios. Si la cabeza del ejecutivo miente y roba, por qué no lo van a imitar sus achichincles. Su lógica es “ahora que hay lodo, enlodémonos”, y de cabeza se tiran al barrizal a hartarse de dinero, vendiendo escrúpulos y ética ante jugosas mordidas.
Día a día vemos cómo las leyes que se proponen en el Congreso fortalecen el andamiaje que están construyendo para destruir la democracia, el medio ambiente, la cultura. Todo mecanismo que promoviera la transparencia, la igualdad, el bien común, está siendo desmontado o convertido en engranaje de la corrupción. La iniciativa 6054 por ejemplo, que pretende centralizar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a todas las instituciones de competencia ambiental, es adversada por varios sectores, temerosos de que los “diputransas” estén buscando debilitarlas y así eliminarlas para explotar a sus anchas lo que para ellos son mercancías comerciables. El patrimonio natural y cultural corre peligro en manos de ladrones que no se tientan el alma para obtener ganancias.
El problema no es nada más este gobierno, sino una clase dirigente que ha permitido socavar las instituciones, evadiendo sus responsabilidades históricas y poner sus intereses por encima de la propia democracia. Nada han dicho las patronales de la situación vergonzosa de la Corte Suprema de Justicia, no digamos de las evidentes faltas del Tribunal Supremo Electoral que favorece a unos y condena a otros, violando sus propios principios y funciones. “El que calla otorga”, se dice, y su actitud equivale a aceptar la corrupción.
La población, que resulta siendo pagana de los desfalcos de las mafias incrustadas en el Estado, busca soluciones en vano, sin organizaciones que la representen y le ofrezcan una opción. Por ello en su horizonte la salida más viable es irse lejos a como dé lugar para tratar de vivir dignamente. La ciudadanía, agobiada por el malestar, se deja llevar, refunfuña, aguanta. Inclusive va a votar.
La indiferencia, la inercia, la inacción son actitudes pasivas que tienen consecuencias políticas y personales, como todo. Dejar que nos lleve la correntada sin evitarlo, sin oponer resistencia, es una tontería que nos pone en riesgo. En segundas, es una rendición y como tal, una lamentable pérdida.