Durante los últimos treinta años he tenido la oportunidad de interactuar con decenas de funcionarios del TSE, desde el recepcionista hasta magistrados. Pero también he sido miembro de mesa y me tocó compartir con decenas de voluntarios que madrugan para ser miembros de las juntas electorales, garantía de que la democracia perdure en Guatemala. Por eso puedo asegurar que pese a muchas deficiencias, nuestro sistema electoral es muy seguro y un fraude electoral el día de las elecciones ha sido y debiera seguir siendo muy improbable.
Cualquier problema se puede dar antes de las elecciones. Los fraudes se han dado y se siguen dando previo al día de la elección. Por ejemplo, cuando todavía existían las cédulas, los alcaldes podían “avecindar” gente de otros municipios y así influenciar el resultado. Pero después de la implementación del DPI, la “vecindad” ya no depende del Alcalde y el RENAP solo notifica la dirección del guatemalteco al TSE para asignarle su distrito electoral.
Existe también un filtro muy subjetivo y sujeto a arbitrariedades llamado “finiquito”. El término realmente no existe y simplemente es una “constancia transitoria” de no tener ningún problema en la Contraloría General de Cuentas en una fecha específica. Primero que todo en ningún lado la LEPP dice que sea requisito para ser candidato, lo es para tomar posesión del cargo. El requisito es relativamente nuevo, última década, y se presta a injusticias. En vez de ser freno para corruptos se vuelve freno para cualquier personaje no “deseado” por el sistema. Por ejemplo, a mí me costó mucho conseguir mi “finiquito” hace algunos años porque un auditor de la CGC presentó una denuncia a todos los miembros de una junta directiva ¡por quince años! Es decir nos acusó a todos por igual y la ley le permite ser irresponsable con su denuncia y dejar al MP la investigación. ¿Cómo se puede uno defender de una aberración legal así? Muy difícil y por eso se usa como un terrible filtro electoral o una posible fuente de corrupción al tener una persona el poder de evitar una candidatura con una simple denuncia espuria.
Pero el filtro más reciente y que se puede evitar fácilmente, es la ligereza con la que el TSE ha demostrado en los últimos días su arbitrariedad para eliminar candidatos basados en “idoneidad”. Creo que en principio todo guatemalteco tiene el derecho a elegir y a ser electo. No debe ser freno algún artículo específico de la Constitución. Tampoco debiera ser freno el que alguien haya cometido algún delito, sobre todo si ya fue juzgado y pagó su pena. Pero lo que no puede permitir el pleno de magistrados del TSE, con las decisiones recientes, es borrar una trayectoria de imparcialidad que todos los anteriores han mantenido. No es aceptable que unos candidatos hagan campaña anticipada y los dejen correr, y otros no puedan, aunque se merezcan el castigo. No se puede permitir ser candidato a personajes con procesos abiertos por corrupción ampliamente reconocidos aunque no estén cerrados, y anular la candidatura de personas que han criticado la corrupción, tal vez de forma muy agresiva y poco aceptada como el diputado Aldo Dávila, simplemente porque hay antejuicios abiertos.
Guatemala necesita en estos momentos certeza jurídica y confianza en una forma ordenada y democrática de la transmisión del poder del Estado. Las oportunidades económicas de nuestro país existen y debemos tomarlas, pero No podemos ser comparados con Nicaragua porque si no las perderemos. Los Magistrados del TSE deben recapacitar y tomar el liderazgo por el que fueron electos. La historia los juzgará y es hoy cuando deben ser firmes.