La jueza Carmen Acú justificó la permanencia de Virginia Laparra en prisión basándose en una serie de tuits y notas de prensa donde se fiscaliza el sistema de justicia. Admitiendo los argumentos de los querellantes y del Ministerio Público, la jueza estableció que hacer publicaciones sobre el caso suponen una obstrucción a la averiguación a la verdad, causal requerida para mantener la prisión preventiva. Abiertamente y sin pudor, en Guatemala se emiten resoluciones contra la libertad de prensa.
La justicia opera ahora de tal forma que los únicos que creen en ella son los que manejan el poder. Los querellantes en el caso Laparra tienen vínculos directos con el gobierno: Omar Barrios fue asesor presidencial y fue promovido por el Ejecutivo en la Usac para integrar la Corte de Constitucionalidad, y Lesther Castellanos fue electo relator para la tortura por el Congreso controlado por Giammattei. Es ingenuo pensar que los diputados oficialistas iban a elegir a alguien que no fuera de su agrado.
La intolerancia generalizada es tal que ahora están empecinados en que no se fiscalice a los jueces ni a los fiscales. Como ejemplo de que estas actuaciones son un patrón, en la audiencia de Laparra, Lesther Castellanos hizo referencia a la resolución del juez Jimmi Bremmer en el caso de José Rubén Zamora en donde en febrero ordenó investigar a nueve periodistas y columnistas por escribir sobre las anomalías cometidas por la fiscal Cinthia Monterroso, a quien Consuelo Porras intentó ascender en la FECI en 2021 y cuando Juan Francisco Sandoval se opuso, la fiscal general lo despidió sin justificación.
Este aluvión por limitar la libertad de expresión salpicó al candidato presidencial Edmond Mulet pues éste denunció al juez Bremmer cuando dio la orden de investigar a los periodistas. Actuando con inusual rapidez, el Ministerio Público, por medio de Rafael Curruchiche, le presentó un antejuicio a Mulet y ha insisitido en que debe ser sacado de la contienda.
Por otro lado, nunca se le vio al MP hacer algo contra los fundaterroristas que permanentemente vilipendian y criminalizan a los operadores de justicia que han conducido casos de corrupción y violaciones a derechos humanos. ¿Cuántas veces le espetaron “juez prevaricador” a Miguel Ángel Gálvez, publicaron insultos en redes sociales, hasta documentos en reserva y no les pasó nada?
El caso contra Zamora es un ejemplo dramático respecto de cómo trata este régimen a un periodista que ha sido crítico con los gobiernos por más de veinte años. Encima, el sistema de justicia por medio de jueces y fiscales se mueve como tractor que arranca todo para evitar que la prensa siga publicando las anomalías en estos procesos inventados, que no tienen pies ni cabeza.