Desde las elecciones para Asamblea Constituyente en 1984, los procesos electorales se desarrollaron con normalidad y pocos reclamos o dudas se crearon entre las organizaciones nacionales e internacionales que participaron como observadores, aunque algún deterioro se observó en las elecciones generales de 2019.
Sin embargo, en ninguno de los procesos anteriores, el Tribunal Supremo electoral (TSE) había levantado tantas dudas como está sucediendo en la actualidad, cuando se ha impedido la participación de dos candidatos presidenciales, y se aceptan o rechazan candidaturas para otros cargos, sin que se utilice para los aspirantes el mismo rasero y más bien pareciera que los magistrados premian o castigan según intereses muy particulares.
Lo cierto es que el ambiente electoral se siente denso. Ayer se suscribió el acuerdo entre la OEA y el TSE para que se envíe una delegación de observadores, lo que significa que se tomará el pulso de la situación in situ y con personalidades que tienen experiencia en la materia.
Los grupos de observadores que ya operan en el país han expresado serias dudas por muchas razones, pero principalmente se ha destacado que, en la exclusión de los binomios de Thelma Cabrera-Jordán Rodas (MLP) y Roberto Arzú-José Farías (Podemos), privaron los intereses políticos del oficialismo sobre el respeto al derecho de los guatemaltecos a elegir y ser electos, porque no se tuvieron argumentos sólidos para las resoluciones.
Lo peor de todo ha sido que dichas resoluciones arbitrarias del TSE han sido ratificadas por las Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), en una evidente demostración de la falta de independencia del sistema de justicia. Esto hace que broten constantes críticas en torno a lo que muchos temen: la existencia de un “amaño electoral”.
El resultado de una encuesta independiente y con credibilidad publicada por Prensa Libre, ha levantado suspicacias, ya que pareciera que las candidaturas afines por las que el oficialismo apostaba pierden fuerza en el tramo final.
Pero más allá de eso, el problema de fondo es esa incertidumbre que han provocado las resoluciones del TSE y las contrataciones con opacidad que ha realizado. Algunas de ellas son determinantes para garantizar la transparencia y pureza de las elecciones y por ello la preocupación en la sociedad civil y dudas entre el electorado.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha mostrado que sus misiones de observación no son blandas y, de hecho, han sido críticas y hasta determinantes en algunos países, como sucedió en Bolivia 2019, cuando se concluyó que hubo “irregularidades” serias.
Es oportuno recordar el refrán popular que dice, “cuando el río suena es porque piedras lleva”. Se puede aplicar a lo que viene sucediendo en nuestro país. Las voces de denuncia sobre irregularidades se escuchan repetidamente, por lo que sólo cabe esperar que la situación se deteriore, ante la falta de una respuesta seria y coherente del ente electoral.
La compra de los sistemas de transmisión de datos, y las resoluciones “a dedo” hacen temer que más adelante se pueda dar una manipulación en el proceso. La llegada de la misión de la OEA es importante, porque suelen verificar lo sucedido antes, durante y después de las elecciones para sacar sus conclusiones de manera profesional e independiente.
Cuando hablamos del “necesario rescate de las instituciones democráticas”, nos referimos a la necesidad de devolver la independencia a las cortes mencionadas, al Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Universidad de San Carlos (USAC), el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), y otras entidades autónomas o semiautónomas que han caído descaradamente en manos del oficialismo.
Por eso el país ha perdido el rumbo. Por eso la democracia se ha visto afectada, porque se han perdido los pesos y contrapesos. En este momento únicamente prevalece lo que el oficialismo y sus aliados deciden y las elecciones pueden ser otro efecto negativo de esa imposición arbitraria.